Estados de Información No Financiera, transparencia con impacto social

Los Estados de Información No Financiera (EINF) han estado en el centro del debate político y económico durante el último año. Actualmente, las empresas españolas que cumplen los requisitos establecidos por Ley 11/2018 están obligados a elaborar este tipo de informes donde se incluye la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa o grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales, sociales, de personal, y gobernanza. El debate aparece, pero, cuándo se anuncia la intención de transponer la Directiva (UE) 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), la cual supondría un aumento drástico del número de empresas obligadas a elaborar el EINF. El aumento del rango de aplicación, el mayor número de requisitos de presentación del informe, y la modificación de los requisitos legales respecto a la revisión y validación de los informes, juntamente con la moderación de las expectativas de aplicación de la Agenda 2030, han motivado la demora en la transposición de la CSRD.

La incertidumbre en torno la aplicación de la Directiva CSRD podría poner en duda la utilidad y el valor de los EINF, pero tras los seis años de aplicación de la Ley 11/2018 los resultados en materia social y medioambiental son palpables. Por ejemplo, en el caso de las compañías del Ibex-35, los indicadores muestran un aumento significativo del consumo de energía renovable, una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, una mayor incorporación de mujeres en puestos directivos, un aumento de la formación de los empleados por parte de las empresas, y una disminución de los accidentes laborales. Además, durante la aplicación de esta Ley 11/2018, más del 35% de los indicadores reportados cumplen con los requisitos que plantearían los futuros estándares europeos, como la CSRD.

Con todo, los EINF aportan un valor social claro mejorando la transparencia de las empresas y permitiendo a la sociedad entender mejor las consecuencias y el impacto de la actividad empresarial. Proporcionar una información accesible y veraz respecto a cuestiones sociales y medioambientales, así como sobre las condiciones laborales de los empleados y el buen gobierno dentro de la empresa, mejoran la imagen de la empresa y su relación con todos los actores, sean clientes, trabajadores, inversores o ciudadanos de a pie. En este contexto, la revisión y validación independiente de los EINF por parte de los auditores es esencial, en la medida que garantiza la coherencia metodológica y la fiabilidad de la información proporcionada. Es la intervención de los auditores la que da credibilidad a la empresa y le asegura al cliente, inversor, o cualquier persona interesada en el funcionamiento de la empresa, la transparencia que exigen los estándares normativos. En definitiva, tan solo con la colaboración entre la empresa y el equipo auditor se realiza el probado valor social asociado a los EINF, y esta cuestión trasciende la transposición o no de la Directiva CSRD.